Un reportaje publicado por el periodista Wilson García Mérida del periódico Sol de Pando refleja las rutas y conexiones de las 108 toneladas de droga que hace horas atrás incautaron autoridades chilenas
Para Mérida una primera conexión está en la ciudad de El Alto que es utilizada como el punto de conexión entre los tablones semisecos que salen específicamente desde los bosques de Beni y Pando —atravesando el Norte de La Paz— y aquella cocaína que se impregna en las fibras de la madera. El secado final, cocainizando químicamente el producto forestal, se realiza en aserraderos de El Alto. Siguiendo los datos de la Fiscalía de Arica, hay dos empresarios paceños sospechosos de haber realizado ese trabajo: Demetrio Alarcón Chambi y Joel Torrez Yañez. La droga se provee desde Cochabamba, aunque a criterio del ex ministro de gobierno Carlos Romero, la droga ingresa del Perú por la cercanía y la falta de controles en los puntos fronterizos con el Peru y Brasil, este caso implicaría a 4 países (Bolivia dónde se hizo la impugnacion de la las maderas, Perú como país desde donde viene gran parte de esa droga, Brasil por la participación de carteles como el PCC en el financiamiento y Chile como el punto para el transporte a otros países del mundo)
Mérida sobre la segunda conexión establece que a diferencia de Beni y Pando, la madera exportada desde Santa Cruz ya sale con la cocaína impregnada. Especialmente en el norte cruceño —municipio de Warnes— proliferan aserraderos equipados con laboratorios que desarrollan el sofisticado procedimiento de cocainizar la madera en la fase del secado. La droga, proveniente del Chapare y otras poblaciones cruceñas está acopiada en enormes galpones clandestinos dentro el territorio cruceño de Yapacaní.
En su ruta para llegar al puerto de Arica, y de allí a los mercados de Europa, Asia y Norteamérica, este colosal emprendimiento del narcotráfico boliviano usa necesariamente las autopistas de El Alto, cruzando el puesto fronterizo de Tambo Quemado. Una ruta alternativa por Oruro, conduce al puerto de Antofagasta.
OVIEDO, JUSTINIANO Y MARIACA CONOCÍAN ESTA INFORMACIÓN DESDE MARZO
El reportaje de Wilson Mérida, precisa que toda esta información estaba en conocimiento del Ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, al menos desde marzo de este año, cuando su entonces viceministro Ernesto Justiniano viajó por segunda vez a Arica para reunirse con autoridades de la Fiscalía, la Aduana y la Policía Antidroga de Chile, quienes le informaron con sumo detalle sobre aquella investigación iniciada en diciembre de 2025. De todo esto también estaba sobradamente informado el Fiscal General, Roger Mariaca.
"Oviedo y Justiniano, así como Mariaca, tenían en su poder la información suficiente para profundizar la investigación impulsada en Chile; pero no movieron un dedo, dejaron que las narco-maderas sigan saliendo de El Alto durante todo el mes de abril" señala Mérida
El último embarque retenido en Arica se habría producido el 19 de abril, con un conteiner destinado al puerto de Le Havre, Francia, despachado por la empresa Indusmar SRL que opera simultáneamente en Santa Cruz, Riberalta y Cochabamba.
El informe emitido el lunes por la Fiscalía de Arica, es la culminación del singular peritaje químico aplicado a cada una de las cargas forestales retenidas preventivamente en ese puerto chileno durante los últimos meses, desde enero, bajo absoluto conocimiento de las autoridades bolivianas.
"En su conferencia de prensa de ayer, Oviedo ha vuelto a hacer el ridículo, como lo hizo con las 32 maletas desaparecidas en Viru Viru. Entre otros absurdos dislates que ya son su marca registrada, el Ministro de Gobierno intentó minimizar la cantidad de droga contenida en los tablones, descalificó la información chilena y acusó como “irresponsable” al fiscal Carrera, poniendo al Gobierno de Paz Pereira al borde de un conflicto diplomático con Chile" precisa Mérida.
Segun el reportaje: Oviedo está patéticamente atrapado en un sofisticado entramado empresarial del capitalismo de la cocaína boliviana, que “tributa” sagradamente a las arcas de la corrupción estatal mediante un régimen de extorsión policiaca, judicial y política, que es a lo que se reduce la “lucha contra el narcotráfico” en Bolivia desde hace más de 40 años.
Vía: Sol de Pando
